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Artículo de opinión de Alfredo Izquierdo, socio fundador de FormaItalia abogados y economistas, en Economía Digital.

El Gobierno Meloni sigue tratando de romper con estereotipos y marcos de pensamiento establecidos desde hace décadas en Italia y quizás en toda Europa. Esta vez el turno le ha tocado al simbólico 1 de mayo, una celebración muy sentida en el país, especialmente en Roma, y que se asocia a la ideología política de izquierda. Incluso porque se celebra pocos días después del 25 de abril, jornada que conmemora la liberación de Italia del nazismo.

En ese escenario, Giorgia Meloni decidió convocar su consejo de ministros y aprobar por Decreto y con efecto inmediato una serie de medidas encaminadas a reformar algunos aspectos del mercado laboral.

Medidas laborales de Meloni

Las medidas adoptadas son la reducción de la llamada “cuña fiscal” o la diferencia entre lo que percibe un empleado y lo que paga una empresa. Con las nuevas medidas la empresa ahorraría entre un 4 y un 7% en las contrataciones con salarios inferiores a 35.000 euros. La regulación del fringe benefit de los trabajadores que quedará exenta de tributación hasta los 3.000 euros anuales. La inclusión social y el acceso al trabajo a partir del 2024 a base de bonificar las empresas que contraten recursos con algún tipo de discapacidad, así como otros incentivos para las contrataciones de carácter general.

El apoyo a personas en condición de pobreza para que puedan acceder al mercado laboral a través de controles para su formación y reinserción. La regulación de los contratos indefinidos que podrán llegar hasta los 24 meses en lugar de los 12 actuales. Por último, la seguridad en el puesto de trabajo en donde las regiones asumirán competencias de control para garantizar dicha seguridad de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones.

Es evidente que la simple mención de las regulaciones hace intuir que las medidas van encaminadas a favorecer la situación laboral de los trabajadores en Italia, bien de manera directa, bien ayudando a la empresa a reducir su carga a la contribución social. Visto así, parece una fórmula mágica que hasta los sindicatos ven con buenos ojos; solo han criticado el hecho de que algunas de las medidas adoptadas sean de carácter temporal y no definitivo.

Reddito di cittadinanza

Entonces, ¿de dónde prevé el ejecutivo italiano sacar los fondos necesarios para adoptar estas medidas sin aumentar el déficit? La respuesta estaría en una de las disposiciones que ha recibido más críticas por parte de la izquierda, sobre todo por el Movimento 5 Stelle (sea de izquierdas o no) y que ya puso en marcha Meloni a inicio del 2023: la limitación y el control del llamado reddito di cittadinanza. Esta renta básica ya no es percibida por aquellos que hayan recibido una oferta de trabajo y la hayan rechazado.

Lo fundamental será saber si las medidas serán sostenibles en los próximos meses en el sentido de no provocar un incremento del déficit. Seguramente el Gobierno Meloni confía en un aumento de la actividad en el mercado laboral e ir abandonando la cultura del reddito di cittadinanza, del cual han abusado demasiadas personas especialmente en el sur de Italia.

Economía Digital

Artículo de Alfredo Izquierdo, socio fundador de FormaItalia abogados y economistas, en Sector Ejecutivo, revista de economía y empresas.

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El pasado 29 de diciembre se publicaron en la Gazzeta Ufficiale las medidas económicas provenientes de la Legge di Bilancio en base a los presupuestos aprobados para el 2023. Se contemplan un batería de medidas, treinta en total, destinadas a dinamizar la economía a través de disminuciones de tipos impositivos, reducciones de bases imponibles de algunos impuestos y la creación de incentivos. En total son veintiuna disposiciones directamente destinadas a sostener la actividad empresarial y a las familias italianas, once tendrán ese impacto inmediato en la empresa y otras diez en los ciudadanos. Del resto, cuatro también ayudarán a las empresas y particulares a hacer frente al aumento de la energía. Por último, tres han afrontado la regulación a nivel fiscal de las operaciones en criptomonedas y tan solo dos tienen como objetivo disponer nuevos controles o sanciones para la empresa desde el punto de vista tributario.

Tras un primer análisis, la conclusión es que la voluntad del ejecutivo es fomentar una economía liberal poniendo la empresa en el centro de la actividad económica del país, además de combinarlo con normas que pretenden aumentar la capacidad adquisitiva -y por tanto el consumo y el ahorro- de los ciudadanos. Parte de estas disposiciones son prórrogas a aquellas que ya había decretado el Gobierno Draghi, cumpliendo así las expectativas de los sectores más liberales de la coalición y calmando las inquietudes de los escépticos a propósito de regulaciones populistas.

En lo que se refiere a las medidas por el aumento en los precios de la energía, se define un bonus de tipo financiero temporal para aquellas empresas que producen, adquieren o venden gas natural o productos petrolíferos. El resto de empresas (especialmente las energívoras) tendrán bonificada en parte la adquisición de energía a través de créditos para la liquidación de impuestos. Las personas físicas también tendrán un bonus social para la compra de energía en rentas inferiores a 15.000 € anuales, mientras que la adquisición de inmuebles certificados en la categoría de ahorro energético (clase A o B) podrán deducirse del IRPF el 50% del importe liquidado por el IVA.

Se intenta paliar los efectos de medidas que habían emanado antes del 2022 a través de la derogación hasta 2024 de las tasas por el uso de plástico y la tasa al azúcar. También se prorroga la posibilidad a las empresas I+D para solicitar bonificaciones hasta final de año.

Uno de los grandes beneficiados de las nuevas regulaciones serán los autónomos. El límite para acogerse al régimen simplificado pasa de 65.000 a 85.000 euros anuales. Esto significa que este grupo de profesionales seguirá tributando entre el 5% y el 15% en su IRPF sobre el 75% de la base imponible. Se mantiene además la exención de las declaraciones IVA. También se ha alzado el límite para que las empresas puedan acceder a la contabilidad simplificada, pasando el límite a ser de 500.000 € en lugar de 400.000 € para las empresas de servicios y de 800.000 € en lugar de 700.000 € para el resto.

Respecto a los emprendedores (socios de empresas) se ha tratado de no penalizar la obtención de patrimonio. Por ejemplo, se podrán asignar directamente bienes muebles o inmuebles no instrumentales de la sociedad al socio tributando un 8% sobre la diferencia entre el valor nominal del bien y su valor fiscal. Para entendernos, “se pasa por caja” después de adquirir el bien y de manera reducida y no antes de adquirirlo.

Los sectores que se ven beneficiados de manera directa con medidas especiales son el agrícola, la construcción y el comercio al por menor. Aunque de manera indirecta, también lo harán el resto de las empresas. Así, existen regulaciones que afectan tanto a la empresa como al ciudadano de una u otra manera: bonificaciones por la adquisición de inmuebles para menores de 36 años, ausencia de contribuciones sociales para las contrataciones de personas que estén recibiendo un subsidio vitalicio, reducciones o exenciones en el IVA y medidas concretas de ayuda al contribuyente.

En conclusión, se han tomado una serie de decisiones que van a satisfacer a empresarios, profesionales y empleados del sector privado. Hablamos de regulaciones simplificadas de fácil ejecución con lo que se han evitado errores del pasado con normativas en donde las dificultades para acceder a sus ventajas eran prácticamente insalvables. Dado que el Gobierno de la coalición de Meloni lleva en el cargo desde septiembre del pasado año, no son pocas las medidas adoptadas. Habrá que ver si para el 2024, siguiendo con las políticas ya iniciadas, aborda temas más sensibles como la imprescindible liberalización de ciertos sectores de la producción y el recorte del gasto público.

Alfredo Izquierdo
Socio Fundador
FormaItalia abogados y economistas

Nuestro socio director, Alfredo Izquierdo, analiza la situación económica de Italia tras el nuevo gobierno y las señales que el ejecutivo de Meloni envía a sus socios europeos y a España.

En este sentido, Izquierdo destaca aspectos poco conocidos por los españoles que son ventajas de trabajar en Italia como por ejemplo el ámbito de la logística, ya que al estar situado el norte del país prácticamente en el centro de Europa, se convierte en un excelente punto de distribución.

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Nuestro socio fundador, Alfredo Izquierdo, participa en el programa económico de COPE, Duros a 4 Pesetas, para analizar las oportunidades que ofrece el mercado italiano para las empresas españolas y explicar los servicios que llevamos a cabo desde Formaitalia, facilitando la internacionalización de empresas.

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