El presupuesto italiano: un guiño a la inversión
El pasado 29 de diciembre se publicaron en la Gazzeta Ufficiale las medidas económicas provenientes de la Legge di Bilancio en base a los presupuestos aprobados para el 2023. Se contemplan un batería de medidas, treinta en total, destinadas a dinamizar la economía a través de disminuciones de tipos impositivos, reducciones de bases imponibles de algunos impuestos y la creación de incentivos. En total son veintiuna disposiciones directamente destinadas a sostener la actividad empresarial y a las familias italianas, once tendrán ese impacto inmediato en la empresa y otras diez en los ciudadanos. Del resto, cuatro también ayudarán a las empresas y particulares a hacer frente al aumento de la energía. Por último, tres han afrontado la regulación a nivel fiscal de las operaciones en criptomonedas y tan solo dos tienen como objetivo disponer nuevos controles o sanciones para la empresa desde el punto de vista tributario.
Tras un primer análisis, la conclusión es que la voluntad del ejecutivo es fomentar una economía liberal poniendo la empresa en el centro de la actividad económica del país, además de combinarlo con normas que pretenden aumentar la capacidad adquisitiva -y por tanto el consumo y el ahorro- de los ciudadanos. Parte de estas disposiciones son prórrogas a aquellas que ya había decretado el Gobierno Draghi, cumpliendo así las expectativas de los sectores más liberales de la coalición y calmando las inquietudes de los escépticos a propósito de regulaciones populistas.
En lo que se refiere a las medidas por el aumento en los precios de la energía, se define un bonus de tipo financiero temporal para aquellas empresas que producen, adquieren o venden gas natural o productos petrolíferos. El resto de empresas (especialmente las energívoras) tendrán bonificada en parte la adquisición de energía a través de créditos para la liquidación de impuestos. Las personas físicas también tendrán un bonus social para la compra de energía en rentas inferiores a 15.000 € anuales, mientras que la adquisición de inmuebles certificados en la categoría de ahorro energético (clase A o B) podrán deducirse del IRPF el 50% del importe liquidado por el IVA.
Se intenta paliar los efectos de medidas que habían emanado antes del 2022 a través de la derogación hasta 2024 de las tasas por el uso de plástico y la tasa al azúcar. También se prorroga la posibilidad a las empresas I+D para solicitar bonificaciones hasta final de año.
Uno de los grandes beneficiados de las nuevas regulaciones serán los autónomos. El límite para acogerse al régimen simplificado pasa de 65.000 a 85.000 euros anuales. Esto significa que este grupo de profesionales seguirá tributando entre el 5% y el 15% en su IRPF sobre el 75% de la base imponible. Se mantiene además la exención de las declaraciones IVA. También se ha alzado el límite para que las empresas puedan acceder a la contabilidad simplificada, pasando el límite a ser de 500.000 € en lugar de 400.000 € para las empresas de servicios y de 800.000 € en lugar de 700.000 € para el resto.
Respecto a los emprendedores (socios de empresas) se ha tratado de no penalizar la obtención de patrimonio. Por ejemplo, se podrán asignar directamente bienes muebles o inmuebles no instrumentales de la sociedad al socio tributando un 8% sobre la diferencia entre el valor nominal del bien y su valor fiscal. Para entendernos, “se pasa por caja” después de adquirir el bien y de manera reducida y no antes de adquirirlo.
Los sectores que se ven beneficiados de manera directa con medidas especiales son el agrícola, la construcción y el comercio al por menor. Aunque de manera indirecta, también lo harán el resto de las empresas. Así, existen regulaciones que afectan tanto a la empresa como al ciudadano de una u otra manera: bonificaciones por la adquisición de inmuebles para menores de 36 años, ausencia de contribuciones sociales para las contrataciones de personas que estén recibiendo un subsidio vitalicio, reducciones o exenciones en el IVA y medidas concretas de ayuda al contribuyente.
En conclusión, se han tomado una serie de decisiones que van a satisfacer a empresarios, profesionales y empleados del sector privado. Hablamos de regulaciones simplificadas de fácil ejecución con lo que se han evitado errores del pasado con normativas en donde las dificultades para acceder a sus ventajas eran prácticamente insalvables. Dado que el Gobierno de la coalición de Meloni lleva en el cargo desde septiembre del pasado año, no son pocas las medidas adoptadas. Habrá que ver si para el 2024, siguiendo con las políticas ya iniciadas, aborda temas más sensibles como la imprescindible liberalización de ciertos sectores de la producción y el recorte del gasto público.
